Universitarios denuncian ante la Defensoría del Pueblo atrasos en la entrega de sus títulos



La enfermedad terminal que padecía no le impidió culminar sus estudios. Patricia Gaumán recordó que su hermano Elías se esforzó hasta el final para terminar su carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Pero por una presunta falla en el sistema administrativo el título nunca llegó a sus manos.

“Mi hermano pasó por un proceso muy largo. Él hizo la sustentación pero luego tuvo una recaída en su estado de salud. Fue en julio y hasta esa fecha no pudo ver su título y decirle a su madre: aquí está el título que con esfuerzo y empeño logré”. El joven falleció.

El testimonio de Patricia fue parte del diálogo ciudadano, organizado este martes 14 de enero de 2020 por la Defensoría del Pueblo en Guayaquil. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, escuchó también a Michael Ocaña, quien habló en representación de cerca de 50 estudiantes de la U. De Guayaquil que acudieron al encuentro.

El joven explicó que algunos egresaron hace más de un año de la Facultad de Jurisprudencia, pero una supuesta pérdida de documentos les ha impedido obtener sus títulos. “Somos de varias promociones: graduados en 2018, todos los de abril 2019 y de la última promoción, de septiembre de 2019. Somos más de 600 estudiantes y como solución nos piden que busquemos a los profesores para recuperar las actas”, dijo Ocaña.

Los estudiantes piden la conformación de una comisión técnica que revise las irregularidades dentro de la facultad.

El Defensor del Pueblo indicó que en este caso ya abrieron un expediente. Anunció además que dispondrá una vigilancia al debido proceso dentro de la Comisión Interventora e hizo un llamado al Consejo de Educación Superior (CES) para buscar una solución. “Trasladarle la responsabilidad de un problema administrativo a los estudiantes es inadmisible”, afirmó.

Mediante un comunicado, la Universidad de Guayaquil informó que 273 alumnos, registrados en el ciclo CII 2018-2019, no han recibido sus títulos “por incumplimiento de procesos administrativos provenientes del administrador anterior, así como la falta de actas de notas en físico en el archivo de la facultad”.

En el documento aclara que otros 291 estudiantes, que también presentaron su queja ante la Defensoría del Pueblo, corresponden al ciclo CI 2019-2020. Ellos recientemente iniciaron el proceso para titularse por lo que no hay retraso, según informó la universidad.

Medicinas y cierre de canteras, entre otros pedidos presentados a la Defensoría del Pueblo

Dora García, presidenta de la Red de Organizaciones Unidas, habló en nombre de los pacientes con enfermedades raras y catastróficas, que reciben atención en unidades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre las principales preocupaciones mencionó la falta de medicamentos y especialistas, las acciones de protección a las que deben recurrir para adquirir ciertos fármacos y los pagos pendientes que reclaman al Estado los prestadores externos que dan tratamiento a personas con insuficiencia renal crónica.

“Las deudas son tan grandes que mañana no sabemos qué va a pasar (…). En el 2008 la Constitución incluyó que el Estado garantizará el derecho a la atención especializada y gratuita en caso de enfermedades raras y catastróficas. Luego de 12 años de lucha no todo lo escrito está garantizado”, dijo García.

Carrión indicó que han ganado todas las acciones de protección presentadas por pedidos de medicina especializada. Y recordó que las autoridades que no cumplan las disposiciones judiciales pueden ser destituidas de sus cargos, e incluso enfrentar procesos civiles y penales. Además anunció reuniones con los ministerios de Salud y Finanzas para solicitar que se disponga el presupuesto necesario para atender a los pacientes en hemodiálisis.

Otra de las denuncias se relaciona con la contaminación ambiental generada por las canteras ubicadas en la vía a la Costa. Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de esta zona del oeste de Guayaquil (que agrupa a cerca de 30 000 habitantes), pidió el cierre definitivo de los 29 sitios de explotación que fueron clausuradas por el Municipio.

“En el 2016 hay una denuncia de una urbanización contra una cantera que afectó 20 000 metros cuadrados de bosque protector. La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) estableció que existía esa violación y el Ministerio del Ambiente lo ratificó. Pero desde esa fecha no hay sanción. Las denuncias quedan en el aire”.

Su intervención generó la reacción de un trabajador de uno de los espacios cerrados, que no se identificó. Aseguró que las canteras funcionan desde 1989, mucho antes de que llegaran las urbanizaciones, y que cumplen con la Ley de Minería. “Ninguna ordenanza está sobre la Ley. Están afectando el derecho al trabajo”.

El defensor manifestó que se debe respetar la clausura del Municipio de Guayaquil y establecer soluciones que permitan reabrirlas cumpliendo con las normas ambientales, sin vulnerar los derechos al trabajo y la empresa.

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